El mercado del alquiler en España atraviesa un momento de máxima tensión. Según El Economista, a cierre de junio los precios alcanzaron una media de 14,38 €/m², encadenando 8 meses consecutivos de subidas superiores al doble dígito, lo que indica una “crisis de oferta sin precedentes”.
Una escalada imparable
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El Instituto de Alquiler Seguro y la URJC señalan una media de 1.155 €/mes, el valor más alto de los últimos años. 
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Idealista confirma un incremento del 9,7 % interanual y un aumento trimestral del 4,4 %, situando el precio en 14,6 €/m². 
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Málaga se posiciona como la sexta provincia más cara para vivir de alquiler, con una media de 1.272 €, mientras que Andalucía alcanza los 932 €/mes. 
Factores estructurales que presionan el mercado
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Oferta insuficiente: La reducción del parque de viviendas en alquiler, la escasa inversión pública y la inseguridad jurídica han desincentivado a propietarios y promotores. 
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Problemas urbanísticos y de suelo: El crecimiento de la demanda no va acompañado del desarrollo urbano necesario. Existen entre 450.000 y 600.000 viviendas menos de las que harían falta, según distintas fuentes. 
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Turismo y presión inversora: El auge de pisos turísticos y la inversión especulativa están extrayendo unidades residenciales del mercado tradicional. 
Contexto socioeconómico
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Los alquileres han subido un 95 % en la última década, frente a un incremento salarial de apenas un 33 %. 
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El Banco de España estima que más del 40 % de los inquilinos dedican más del 40 % de sus ingresos al alquiler. 
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Ciudades como Madrid y Barcelona registran movilizaciones ciudadanas y protestas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. 
Respuestas institucionales y su eficacia limitada
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El Gobierno ha impulsado medidas como el control de precios en zonas tensionadas, ayudas al alquiler o la regulación del alquiler turístico, pero con una escasa repercusión real al existir solo un 1,5 % de parque público frente al 9 % europeo. 
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Desde Bruselas, se urge a España a agilizar licencias, liberar suelo y priorizar vivienda social para garantizar la cohesión territorial y la sostenibilidad económica. 
¿Qué implicaciones tiene esto para inquilinos e inversores?
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Inquilinos y familias: Acceder a una vivienda asequible se ha convertido en una misión cada vez más difícil. 
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Inversores: En zonas con alta demanda, las rentabilidades se mantienen estables, siempre que se analice bien la normativa y el contexto de cada ciudad. 
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Propietarios privados: Tienen en su mano la oportunidad de cubrir un nicho clave, con una demanda elevada y fórmulas de arrendamiento profesionalizado más seguras y rentables. 
 
					 
	    	 
                                     
		 
		